Artículo escrito por Fernando Gomá, miembro de la Comisión Jurídica de la Fundación Toro de Lidia, para el diario El Mundo:
“En efecto, a los políticos del Pacte balear (Partit Socialista de les Illes Balears, Podemos, Més per Menorca, Més per Mallorca) los toros no les gustan y quisieron prohibirlos tras las elecciones autonómicas de 2015. Pero, como ocurre tantas veces, se toparon con la realidad en forma de Estado de Derecho. […] En definitiva, que no se pueden prohibir.
Pero el Pacte quería prohibirlos de todas maneras, así que se inventa una solución que consiste en regular la tauromaquia estableciendo requisitos extravagantes y absurdos, limitaciones fuera de lugar y vetos de todo tipo, de modo que quede tan desnaturalizada que sea, por una parte, inviable de mantener para los profesionales, y por otra, irreconocible para los aficionados. Prohibir pero sin decirlo expresamente, indirectamente y sin dar la cara.
[…] .
La reacción por parte del Gobierno ha sido rápida, y en ella ha tenido parte el trabajo llevado a cabo al efecto por la Fundación del Toro de Lidia. En el Consejo de Ministros del día 10 de noviembre el Gobierno acordó recurrirla al Tribunal Constitucional entre otras razones porque invade unas cuantas competencias estatales: las que tiene para garantizar la igualdad de los españoles en derecho y deberes y las que atribuyen al Estado la planificación de la actividad económica (la tauromaquia es el segundo espectáculo en directo en España y mueve miles de millones de euros anuales). Y también porque esta ley ataca las competencias y la obligación que tiene el Estado de defender el patrimonio cultural español, dentro del cual está la tauromaquia”.